El Estado deberá compensar a varios ayuntamientos con 6,96 millones de euros por las bonificaciones fiscales a concesionarias de autopistas en Catalunya.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha comenzado a resolver un grupo de recursos contenciosos presentados por 25 ayuntamientos catalanes contra la bonificación en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las autopistas A-2/C-32 y AP-7/E-15, de Acesa, filial de Abertis.
Las primeras sentencias condenan al Estado a compensar a los municipios por los importes que dejaron de percibir por el tributo municipal durante los ejercicios de 2003 a 2006 como consecuencia del reconocimiento del beneficio fiscal.
El TSJM sostiene que esta bonificación lesiona los principios de suficiencia financiera y autonomía local de los ayuntamientos y así lo ha considerado ya en sus resoluciones de 13 de los contenciosos abiertos.
El miércoles, el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt anunció que el Estado deberá compensarle con 273.000 euros por la bonificación en el IBI de la C-32. También tienen sentencias favorables Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Cardedeu, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, El Papiol, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Santa Maria de Palautordera y Vilalba Sasserra.
En 2007, el TSJM dio la razón a los municipios que reclamaban el 100% del IBI de las autopistas correspondiente a los ejercicios anteriores a 2003. En el caso de las autopistas de Acesa, el importe reclamado por los municipios ascendía a 1,14 millones.
En aquellos casos en que la cantidad reclamada no alcanza los 150.000 euros, las resoluciones no pueden impugnarse ante el Tribunal Supremo, pero en el resto de casos las apelaciones del Gobierno harán que el conflicto acabe resolviéndose en el Alto Tribunal.
Antecedentes
La ley de autopistas de 1972 fijó una bonificación del 95% en la Contribución Territorial Urbana para las concesionarias de autopistas de peaje durante todo el periodo de vigencia de la concesión.
La Diputación de Barcelona, que representa legalmente a los ayuntamientos, entiende que esta bonificación quedó suprimida en 1990, con la entrada en vigor del IBI –que sustituyó al viejo tributo–, para las nuevas concesiones de autopistas y los tramos de peaje de nueva ampliación.
http://www.expansion.com/2009/08/06/catalunya/1249587882.html
Creo que es una noticia justa y favorable para Pineda de Mar
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